Estafa a la Anses: la Cámara ratificó procesamiento de exempleado

Los beneficios se otorgaban a personas que se “casaban con jubilados muertos”, a través de actas de matrimonio apócrifas que se ingresaban en la Anses.

Esta causa conocida como la “Megaestafa a la Anses” tuvo notoria repercusión pública por los montos millonarios en torno al fraude contra el Estado, y la audaz maniobra para concretar estas pensiones.

La defensa de Trotta había apelado la sentencia del titular del Juzgado Nº 1 de Santiago del Estero, Guillermo Molinari, quien el 3 de mayo de 2019 procesó al exempleado de Anses por “asociación ilícita (art. 210 del CP), defraudación (arts. 172 y 174 inc. 5º), violación a los deberes de funcionario público (art. 248), utilización de documentos falsos adulterados (arts. 293 en función del art. 296), y exacciones ilegales (art. 266)”.

La Cámara Federal también ratificó el trabajo en la etapa de instrucción llevado a cabo por el fiscal federal Nº 1, Pedro Simón; y el juez Molinari, al coincidir que está probada que dentro del organismo previsional funcionó una asociación ilícita por parte de un funcionario y empleados. Analistas jurídicos entienden que este fallo también es un importante avance hacia una elevación a juicio. Sin embargo hay otras apelaciones, indicaron fuentes judiciales.

Asociación ilícita
Según el fallo, la Cámara Federal señala que “conforme se desprende de los elementos probatorios agregados a la causa principal, Trotta junto con otros funcionarios y empleados públicos de Anses, Udai Santiago del Estero, intervinieron de manera organizada, con distribución precisa de roles y funciones en la iniciación, tramitación y otorgamiento fraudulento de beneficios de pensión derivada, con la utilización de documentos públicos falsificados (actas de matrimonio) así como también en el otorgamiento irregular de beneficios previsionales”.

Agrega que “de ello se desprende claramente la comisión de un fraude en perjuicio de la administración pública, en el que Trotta junto a otros empleados y funcionarios de la Anses, en connivencia con los beneficiarios de las pensiones, y en base a las actas de matrimonios falsas iniciaron, tramitaron y otorgaron pensiones por defunción, participando en las distintas etapas del trámite, induciendo en error al fisco y provocando la disposición patrimonial perjudicial”. Y precisa que se observó “el mismo modus operandi en todos los expedientes”.

Señala que para concretar estas maniobras dolosas, “se utilizaron actas de matrimonio falsas para la tramitación de pensiones derivadas, ya que tal como surge del informe presentado por la directora del Registro Civil, las actas de matrimonio no se compadecían con las actas registradas en los diferentes libros de su registro”.

Pena prevista
La Cámara Federal recordó que “el art. 210 del C.P. reprime con prisión o reclusión de tres a diez años, el que tomare parte en una asociación o banda de tres o más personas destinada a cometer delitos por el solo hecho de ser miembro de la asociación”.

Antecedentes del caso
En los considerandos del fallo del tribunal de alzada, los camaristas federales recordaron que “el presente caso tuvo su origen en una denuncia presentada por el Subsecretario de la Oficina Anticorrupción de la provincia de Santiago del Estero, por una serie de actas de matrimonio que obrarían ante la Anses y que cotejadas con las originales resultaron apócrifas, presentando signos evidentes de falsificación”. Como se recordará, en marzo de 2018 este organismo provincial radicó la denuncia en la Justicia provincial, que luego declinó su competencia al fuero federal.

La resolución de la Cámara Federal también menciona que “tal maniobra -el otorgamiento de pensiones derivadas de manera fraudulenta- salió a la luz por una denuncia presentada ante el Juzgado Federal de Santiago del Estero, en la que una persona solicitaba la suspensión del beneficio otorgado a un desconocido, pero que aparecía en la Anses como casado con su madre y cobraba una pensión derivada”.

Circuito
Los miembros de la Cámara Federal también hacen un detallado relato de cómo funcionaba este circuito paralelo en el organismo previsional, para el otorgamiento de pensiones truchas. “Respecto a la tramitación de pensiones por fallecimiento, se advirtieron ciertos denominadores comunes, entre ellos se pone de manifiesto que la mayor cantidad de casos fueron iniciados durante los años 2013-2014, y los presuntos matrimonios en su mayoría fueron celebrados en el período 2009-2011 (73%); que el 50% de los casos presenta dictamen legal positivo, con la intervención preponderante del Dr. Marcos Chazarreta (exempleado de Anses del área de Legales); que en las actas de defunción compulsadas, las personas denunciantes de los fallecimientos ante el Registro Civil, referenciaban el estado civil de los causantes como solteros y en ninguno de los casos analizados la denuncia de fallecimiento fue realizada por los supuestos cónyuges”.

También consigna que “los domicilios declarados en las actas de defunción no se corresponden con los domicilios registrados en ADP (Sistema de Acreditación de Datos Personales) con posterioridad al fallecimiento del causante; observándose en la mayoría de los casos modificación del domicilio en ADP con posterioridad al fallecimiento del causante”.

Un dato que llamó la atención de los investigadores, es que los jubilados muertos que eran “casados” con las personas (casi todos jóvenes) que recibían las pensiones truchas, eran en su mayoría docentes, ya que tenían los haberes más altos. Esto habría puesto en evidencia que había un trabajo de relevamiento previo sobre el monto del haber jubilatorio de estos jubilados y jubiladas muertos que eran elegidos para derivar esos beneficios a una pensión ilegal.

Se comprobó un perjuicio de más de $ 15,5 millones
En el fallo de la Cámara Federal de Tucumán, se consigna que “surge de las actuaciones principales que con tales maniobras fraudulentas se logró concretar el pago de 23 expedientes, ocasionando un perjuicio fiscal de $15.523.181,31”, a la Anses, y por ende al Estado nacional.

Un modus operandi en estas maniobras dolosas consistía en demorar el pago de estas pensiones “truchas”, por lo cual se acumulaba un importante monto a cobrar. Ese retroactivo, cuando se pagaba, lo percibían los empleados, en tanto que el “pensionado trucho” se quedaba con el haber mensual.

Un dato a tener en cuenta es que durante la investigación surgió que los empleados involucrados también solicitaban a los beneficiados con estas pensiones derivadas “truchas” que sacaran préstamos Argenta, dinero se repartía entre los miembros de esta presunta asociación ilícita.

Una causa con más de 30 procesados
El procesamiento de Trotta fue en mayo de 2019, pero un año antes, en junio de 2018, el juez federal Molinari sacó un primer fallo en el que procesó a cuarenta personas, entre funcionarios y empleados de Anses, un gestor y beneficiarios.

Luis Manuel Paz, exnúmero 2 de Anses; el abogado de Anses, Marcos Sebastián Chazarreta; y los empleados Graciela Estela Saad y César Luis Cortez; más el gestor Cecilio Ibáñez, además del procesamiento, el juez les aplicó un embargo de 10 millones de pesos.

También fueron procesados con distintos grados de responsabilidad, 23 beneficiarios de pensiones derivadas truchas, y otros dos, pero en grado de tentativa.

Había una suerte de “código de honor’” por el cual se debía respetar la “comisión” del otro

En el fallo se hace alusión a una denuncia contra Ricardo Trotta que dejó en evidencia una suerte de ‘código’ entre los supuestos miembros de esa asociación ilícita, que consistía en no tocar y no entorpecer el cobro de comisiones de cada uno.

El caso aludido es de Fabián Fructuoso Rodríguez que ‘procuraba un beneficio a favor de su madre y denunció a Trotta por haberle solicitado dinero del retroactivo que podría cobrar su madre. Destaca la denuncia que efectuara el citado Rodríguez ante la Udai Santiago del Estero, quien manifiesta que en el mes de enero del año 2012 su madre, Dominga Maldonado, inició un trámite jubilatorio ante la oficina Udai Añatuya. Que dicho beneficio fue denegado. Que en abril del 2013, se inició un nuevo expediente jubilatorio, con posterioridad a lo cual se presentó en su casa personal policial, manifestándole que habían recibido un llamado de Anses solicitándoles que le digan a la señora Maldonado que se apersone en la Anses’. Rodríguez, hijo de la Sra. Maldonado se apersonó en la Anses para hablar con Trotta, ‘quien le manifestó que el expediente estaba paralizado y que podría activarlo e incluso que podría hacer que cobre retroactivo de casi $ 47.000, pero para ello su madre debía poner como abogado al Dr. G.J.L., y que debía pagar $18.000 para que salga el retroactivo y que eso se repartía entre Luis Paz -exnúmero 2 de la Anses local y sindicado como el presunto jefe de la asociación ilícita’ y el abogado.

Siguiendo con la narración del caso, en el fallo indica que ‘el 14/08/2013 se presentó (Rodríguez) en las oficinas de Anses para entrevistarse con Trotta, pero como éste no estaba lo atendió Luis Paz, a quien le consultó sobre el expediente, respondiéndole Paz que sabía de esa situación que él era el jefe de Trotta, aconsejándole también que ponga un abogado, ante lo cual Rodríguez le consultó a Paz si podía hacer algo sin que ponga un abogado y tenga que pagar’. Fue entonces que Paz sorprendió a Rodríguez con su respuesta, asegurando que él ‘no podía cagarle el negocio a Ricky’.