Macri no quiere devolver los fondos de la provincia

Aunque la Nación comenzó a devolver fondos coparticipables a las 15 provincias que la demandaron ante la Corte por recortes de partidas (entre ellas Santiago del Estero), sigue el conflicto en el plano de la Justicia. Según expuso el fiscal de Estado, Raúl Abate, el mecanismo que determinó el gobierno de Mauricio Macri para establecer la devolución, está lejos de lo que entiende la administración provincial, debería devolverse a los santiagueños.
Además, explicó que esta devolución es parcial ya que solo abarca al IVA sobre los alimentos que dejó de aplicarse, y no sobre Ganancias.
En tal sentido, el funcionario provincial señaló que en defensa de los intereses de la provincia, hizo nuevos planteos a la Corte para alertar que no se están cumpliendo los fallos del tribunal. También pidió que el máximo tribunal del país intime al presidente Mauricio Macri a que devuelva los fondos que corresponden a los santiagueños.
Dos semanas atrás, el Gobierno nacional informaba a la Corte Suprema -que había fallado dos veces en contra de la administración macrista- que comenzó a devolver los fondos a las provincias. De esta manera, señalaba que cumplía con lo dispuesto por la Justicia.
Sin embargo, el fiscal de Estado de Santiago del Estero, Raúl Abate, explicó que la Nación aún sigue incumpliendo los fallos de la Corte Suprema, ante la cual hizo nuevos planteos. “Ellos (por el Gobierno nacional) han presentado un mecanismo de rendición que nosotros lo hemos impugnado y la Corte Suprema tiene que contestar sobre eso, si el mecanismo que ellos (Nación) habían formulado para el pago responde a lo que se dictaminó en la medida cautelar” que emitió la misma Corte.
Sobre el estado de este planteo, dijo que la provincia sigue esperando una definición.
Abate expuso que la devolución es además, parcial: “Ellos han empezado a liquidar el IVA y no liquidan Ganancias. Sobre eso, también hemos hecho notar ante la Corte el incumplimiento de los fallos”.
Sobre los retroactivos, Abate comentó: “Sí hubo pagos del retroactivo, pero están haciendo unos depósitos que no corresponden a nuestro criterio, a lo que deberían depositar”.
A pesar de que el conflicto se mantiene, por ahora la provincia no concretará una denuncia penal contra el Presidente; el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza; y el secretario de Hacienda, Rodrigo Pena, tal como lo había advertido en sendas cartas documento enviadas a estas autoridades.
“Estamos insistiendo ante la Corte para que sea la que intime al Presidente y le dé la orden para que devuelva los fondos” que le fueron cercenados a Santiago del Estero, sentenció el fiscal de Estado santiagueño.
Origen del conflicto
Como se recordará, este conflicto tuvo su génesis cuando el gobierno de Mauricio Macri, en un intento para evitar que la fuerte corrida bancaria post Paso impactara en los argentinos, emitió una serie de medidas económicas e impositivas. Entre ellas estuvo la de reducir la presión sobre Ganancias, Monotributistas, y la eliminación del IVA en los alimentos esenciales de la canasta familiar.
Estas medidas se tomaron a través de Decretos de Necesidad y Urgencia algo que las provincias consideraron inconstitucional. Además, estas medidas generaron un fuerte costo fiscal para las provincias, porque estos impuestos son coparticipables.
Es por eso que un grupo de 15 provincias, entre ellas Santiago del Estero, demandó a la Nación ante la Corte Suprema.
El máximo tribunal tras escuchar los argumentos de las partes, sacó una medida cautelar a favor de las provincias, en la que ordenaba a la Nación dejar de detraer los fondos que correspondían a los Estados provinciales. Al mismo tiempo, resolvió que sea Nación la que sostenga con sus propios fondos dichas medidas, y que procediera a la devolución retroactiva de los fondos recortados a partir de la implementación de estos DNU.
Pero el Gobierno nacional interpuso un pedido de aclaratoria sobre el alcance de la cautelar, que los gobernadores entendieron como una maniobra dilatoria.
Y la Corte nuevamente falló en contra del gobierno de Macri, al señalar que no había lugar para una aclaratoria y que tenía que cumplir con la devolución de los fondos.