Causa Anses: la Justicia Federal busca intensamente a empleado público provincial “infiel”

Dando cumplimiento a una orden del juez federal Guillermo Molinari, la Policía Federal realizó un procedimiento en un barrio de La Banda para dar con el paradero de un empleado público provincial. Se trata de Daniel Navarro, que se desempeña en el Registro Civil de La Banda. A instancias del requerimiento del fiscal Pedro Simón, el juez ordenó su detención ya que está acusado de facilitar los “casamientos” truchos que se usaban para otorgar pensiones de manera ilegal a personas. Es que vería quien falsificaba las actas de matrimonio.

Aunque no tuvieron novedades sobre Navarro, se sabe que hay un cerco sobre su persona y se espera que de manera inminente sea puesto a disposición de la Justicia Federal.

Para los investigadores, sería un “eslabón clave” para que se perpetrasen varias estafas. Un dato a tener en cuenta es que la mayoría de los casos de los casamientos truchos fueron inscriptos en el Registro Civil de La Banda.

Además, una de las imputadas en la causa lo mencionó con nombre y apellido y como encargado del Registro Civil de La Banda que en una maniobra totalmente irregular e ilegal, le propuso a su abuela buscar las actas de defunción de su hermano (tío abuelo de la acusada) y casarse con él para no perder el beneficio de la jubilación. La abuela se negó, pero convenció a su nieta a que ella haga ese trámite “para no perder la pensión”.

Se espera que en una eventual indagatoria, Navarro se “quiebre” y aporte más elementos que ayuden a la Justicia Federal a determinar quiénes eran los responsables y cómo funcionaba todo el engranaje de corrupción que provocó un perjuicio en más de $ 20 millones al organismo previsional.

De concretarse su arresto, sería el sexto detenido que tendría actualmente la causa (llegaron a ser 14, pero se otorgaron cinco falta de mérito y cuatro excarcelaciones). Los otros acusados que están detenidos son los exempleados Luis Paz (exsegundo jefe de la Anses), Graciela Saad, Luis César Cortés y el abogado Marcos Chazarreta, y el gestor Cecilio Ibáñez (excuñado de Saad). Los cincos fueron procesados con prisión preventiva y se les trabó un embargo de $ 10 millones a cada uno.

Estos últimos cinco son considerados por la Justicia Federal como miembros de una asociación ilícita que perpetró un grave perjuicio económico contra la Anses.

Además, Molinari procesó con embargos millonarios a 25 beneficiarios de las pensiones truchas, entre ellos los hermanos Celeste y Héctor Eduardo Lucatelli, y Paola Andrea Conte (esposa de este último).