Anses: Molinari debe definir si excarcela o no a los Lucatelli y a Conte

El juez federal Guillermo Molinari analiza por estas horas el pedido de excarcelación que realizaron las defensas de tres beneficiarios de pensiones truchas de la Anses.

Se trata de los hermanos Celeste y Héctor Eduardo Lucatelli, y de Paola Conte, esposa de este último, que fueron los primeros detenidos en la causa en la que se investiga un millonario fraude en perjuicio del organismo previsional.

Según indicaron calificadas fuentes judiciales, los planteos de los abogados defensores ya tuvieron un dictamen favorable previo. Sin embargo, la decisión final la tiene el magistrado Molinari quien analiza si estos familiares tuvieron un rol más activo que el de solo percibir de manera indebida una pensión. También deberá definir en caso de otorgar la excarcelación qué tipo de fianza les fijará.

Como se recordará, estas personas se “casaron” con jubilados muertos, para lo cual se habrían valido de actas de matrimonio truchas.

Según lo determinó una auditoría interna de la Anses, Héctor Lucatelli y su hermana Celeste cobraron más de $ 800 mil; en tanto que Paola Conte percibió un poco más de $ 1.240.000. Además, Héctor Lucatelli y Paola Conte son esposos, pero habrían fraguado su divorcio para poder “casarse” con los jubilados muertos. Esta pareja también sacó préstamos Argenta, lo que agravaría su situación judicial. Estos son datos que están en el expediente.

A estas tres personas se les imputan los delitos de defraudación y falsificación de documentos públicos.

Por otra parte, tanto el fiscal federal Pedro Simón como el juez federal Guillermo Molinari rechazaron los pedidos de excarcelación de los cuatro empleados de la Anses que fueron despedidos: Luis Manuel Paz (exsegundo jefe del organismo), el abogado Marcos Chazarreta, Graciela Saad y Luis César Cortez. También del empleado Ricardo Trotta, y del presunto gestor Cecilio Ibáñez (excuñado de Graciela Saad).

Es que los magistrados entienden que la responsabilidad de estas personas en las maniobras eran mayúsculas y es por eso que están imputados además de los delitos mencionados, por asociación ilícita.

Trascendió que uno de los empleados detenidos apeló el fallo del juez Molinari por lo que el expediente fue a la Cámara Federal de Apelaciones en Tucumán.

Además, se produce una situación especial con el beneficiario Luis Villar (el décimo detenido) al cual se le rechazó el pedido de excarcelación, ya que los investigadores entienden que también habría sido un colaborador o un nexo entre el gestor y otros beneficiarios.